Las graves consecuencias de la crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, tiene la consecuencia nefasta para muchos autónomos y empresas de todos los niveles, utilizar los cierres de sus establecimientos o locales abiertos al público para frenar los contagios del COVID-19. Esta es una medida que tiene consecuencias económicas directas para cientos de miles de propietarios de bares, restaurantes y negocios de diferentes tipo y categoría, que ven reducidos drásticamente sus ingresos teniendo que seguir pagando el alquiler del local.
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La rebaja del alquiler depende de la buena voluntad del arrendador y arrendatario, para ponerse de acuerdo para que se pueda aplicar sin más trámites. Pero en los casos en los que el propietario se niega a aplicar dicha rebaja y el arrendatario le resulta imposible hacer frente al pago del alquiler, bajo criterio de este despacho, la única solución que le queda al inquilino, es acudir a los tribunales para intentar aplicarla a través de la cláusula "rebus sic estantibus", que se traduciría como "estando así las cosas". Para aplicar esta cláusula se debe realizar ante el Juzgado competente mediante abogado y procurador, a nuestro criterio deberían darse una condiciones mínimas para aconsejar la viabilidad de la siguiente reclamación:
- Situación excepcional como la actual.
- desproporción desorbitada entre las prestaciones de las partes que no se haya podido prever.
- Que estemos ante un contrato de larga duración.
- Que el arrendador no necesite la renta de alquiler para poder subsistir.
Cataluña ha sido la primera comunidad en regular esta situación para evitar que se colapsen aún más los tribunales de justicia, estableciendo que para el caso de que el propietario y el inquilino no se pongan de acuerdo de forma consensuada se aplicará una reducción del 50% de la renta, para las actividades parcialmente restringidas, la rebaja será del 50% de la parte reducida para la explotación de la actividad.
Habrá que estar atentos a ver si nuestra comunidad autónoma de Extremadura, se pronuncia al respecto, aunque el sector inmobiliario también ha criticado esta medida reclamando que se ayude a los propietarios por ser también parte afectada y tener que seguir haciendo frente al pago de impuestos como gastos hipotecarios.
Si se encuentra en este caso no dude en planteárselo a uno de nuestros abogados y le analizará su caso concreto para poder apaliar lo máximo posible la difícil situación que estamos pasando.
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